La Justicia belga tiene ya vía libre para investigar a los dos eurodiputados socialistas implicados, junto a la exvicepresidenta Eva Kaili, en el Qatargate, la trama de sobornos auspiciada por el emirato y con origen en Marruecos a cambio de influir en posicionamientos de la Eurocámara. El Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad del belga Marc Tarabella y del italiano Andrea Cozzolino.
La Defensora del Pueblo de la UE pide al Parlamento que refuerce la vigilancia a los eurodiputados tras el Qatargate
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El informe elaborado elaborado y aprobado por unanimidad en la comisión de asuntos legales (JURI) a instancias de la eurodiputada Manon Aubry (La Izquierda) señala que tanto Tarabella como Cozzolino están “involucrados en actos de corrupción derivados de la interferencia de uno o más países extranjeros [en referencia a Qatar y Marruecos] con el objetivo de influir en los debates y decisiones adoptadas en el Parlamento Europeo”.
“Se sospecha que Andrea Cozzolino ha participado, desde 2019, en cooperación con otras personas,en proteger los intereses de países terceros en el Parlamento Europeo, sobre impidiendo la adopción de resoluciones que pudieran dañar los intereses de esos estados a cambio de sumas de dinero”, señala la resolución sobre el eurodiputado italiano, que se acogió a su derecho a comparecer ante sus compañeros de la Comisión Juri para clamar por su inocencia.
En el caso de Tarabella, la sospecha es aún más concreta de acuerdo a las pesquisas judiciales. “Es sospechoso de haber apoyado ciertas posiciones en el Parlamento Europeo durante los dos últimos años en favor de un tercer país a cambio de pagos en efectivo” que cifra en una cantidad de entre 120.000 y 140.000 euros de acuerdo al “testimonio en su contra” que hizo ante la justicia el líder de la trama Pier Antonio Panzeri, exeurodiputado y ahora lobbista a través de la ONG Fight the Impunity, que ha tirado de la manta a cambio de una reducción de la condena.
El procedimiento para levantar la inmunidad de los dos eurodiputados señalados por la Justicia belga para que pueda investigarles ha sido exprés en este caso desde que la presidenta de la institución, Roberta Metsola, recibió la petición de las autoridades belgas. La trama corrupta noqueó hasta cierto punto a los parlamentarios, especialmente al Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), que es al que pertenecían los implicados, y a la Cámara como tal, que desde hace tiempo batalla por mejorar su reputación. El Qatargate ha sido todo un golpe.
Por eso se multiplicaron las promesas de actuar con determinación contra los casos de corrupción y reforzar los sistemas de detección y control dentro de la Eurocámara para evitarlos. Por ahora pocas de las medidas planteadas se han puesto en marcha más allá de impedir a las autoridades cataríes el acceso a la institución mientras dure la investigación judicial. Recientemente, el Pleno amplió esa decisión a los representantes de Marruecos, que ejercieron una fuerte presión sobre los parlamentarios ante la aprobación de una resolución crítica con la situación de los derechos humanos en ese país. Fue aprobada por amplia mayoría pero con el voto en contra del PSOE y sin la participación de los representantes del PP español.
